La prolongada disputa legal entre Shakira y las autoridades fiscales de España ha dado un vuelco definitivo en el terreno administrativo. La Audiencia Nacional dictaminó formalmente la invalidez de los reclamos y penalizaciones correspondientes al periodo fiscal del año 2011, argumentando que el Estado no logró comprobar que la estrella del pop superara el límite legal de 183 días de estancia en el país requeridos para calificarla como residente impositiva. Con esta resolución, el tribunal desestimó las acusaciones que pesaban sobre la compositora y ordenó la anulación de todas las medidas económicas que se habían ejecutado en su contra.
El veredicto judicial establece que la Agencia Tributaria incurrió en cobros indebidos sobre el patrimonio y las ganancias derivadas de las actividades globales de la barranquillera durante el ejercicio cuestionado. Fuentes cercanas al entorno legal de la autora de «Monotonía» estimaron que el monto total a recuperar ascenderá a los 60 millones de euros, una cifra que se alcanza al sumar los 55 millones inicialmente retenidos por el fisco, los respectivos intereses generados por el paso del tiempo y las costas de este exhaustivo proceso penal y administrativo. La artista expresó su alivio tras la decisión, manifestando que tras casi una década de señalamientos públicos, finalmente los magistrados lograron colocar los hechos en su lugar.
Este crucial desenlace marca el cierre definitivo de los litigios tributarios que la intérprete arrastraba en territorio ibérico, luego de que hace pocos días la justicia también archivara otra investigación penal enfocada en sus declaraciones del año 2018. A pesar de haber pactado previamente una sanción económica reducida para evitar la prisión por las auditorías de los años 2012 a 2014, esta rotunda victoria en la vía administrativa limpia el panorama financiero de la cantante. Mediante un comunicado, Shakira confió en que su caso siente un precedente protector para proteger a ciudadanos comunes ante los excesos del sistema tributario.