La causa que involucra a la exmodelo Graciela Núñez generó fuerte revuelo mediático tras confirmarse que deberá llevar tobillera electrónica mientras cumple arresto domiciliario por imputación de violencia familiar. La medida fue fuertemente cuestionada en el programa «Sin Vueltas», donde la conductora Karina Doldán expresó su asombro por el desmedido costo mensual del dispositivo de G. 2.500.000, un monto superior al alquiler de un departamento, el cual deberá ser costeado por la propia procesada.
En el set, las abogadas defensoras Sandra Farías y Katia Laterra explicaron la trama detrás de la resolución, asegurando que la expareja de Núñez inventó que ella violó su prisión domiciliaria para ir a un centro médico en Luque, buscando enviarla a la cárcel. Pese a que no existió ninguna prueba ni imágenes de cámaras que respalden esa supuesta salida, y a que la jueza María Cecilia Ocampo Benedetti rechazó la revocatoria del arresto, el Tribunal de Apelación terminó imponiendo el uso del monitoreo pagado.
La defensa tildó la decisión judicial como un intento de «hacer como el hijo de Salomón» para dejar conforme a la contraparte, a quien acusaron de perseguir activamente que la exmodelo termine privada efectivamente de su libertad. De esta manera, sin demostración de haber violado la medida cautelar ni haber obstruido la investigación, Núñez deberá asumir el costoso canon mensual de la tobillera mientras su equipo legal expone las evidencias a su favor.